El Gobierno español ha seleccionado a la fiscal Teresa Peramato, de 63 años y experta en violencia de género, para reemplazar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta decisión sigue a la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz por revelación de secretos. Peramato, con una trayectoria de 35 años, es destacada por su compromiso feminista y servicio público.
El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato, nacida en Salamanca y con 63 años, como nueva fiscal general del Estado tras la condena a Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo sentenció a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz, quien continuará en funciones hasta el nombramiento oficial, presentó su renuncia este lunes en una carta al ministro de Justicia, expresando su respeto a las resoluciones judiciales y su vocación de servicio público.
Peramato, fiscal de carrera con 35 años de ejercicio, ocupa actualmente el cargo de fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y es fiscal delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, elogió su trayectoria “intachable” e “impecable”, su formación jurídica “extraordinaria” y su “compromiso feminista y de servicio público”. Será la cuarta mujer en el cargo bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, siguiendo a Consuelo Madrigal, María José Segarra y Dolores Delgado.
Su carrera destaca por la lucha contra la violencia machista: en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en Madrid, participó en el Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer en 2007 y sirvió como fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer de 2021 a 2025. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue presidenta, la califica de “acreditada solvencia técnica” y resalta su defensa de los derechos fundamentales y protección de víctimas.
La propuesta coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yolanda Díaz llamó a movilizarse “pacíficamente en las calles” contra el fallo del Supremo, mientras Pilar Alegría contrastó manifestaciones respetuosas con una concentración de Falange. El proceso incluye informe no vinculante del CGPJ este miércoles y comparecencia en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo exigió requisitos como 20 años de experiencia y no cargos políticos recientes, pero Bolaños defendió que se cumple la ley pactada con el PP.