La Corte Suprema de Chile aprobó su primer Código de Ética Judicial durante las Jornadas de Reflexión 2025, en respuesta al escándalo del caso Hermosilla. El documento, redactado por la ministra Adelita Ravanales, tiene carácter consultivo y crea un Consejo Ético para guiar la conducta de los jueces. Se aplica a roles jurisdiccionales y aborda desafíos como el uso de inteligencia artificial.
El jueves, los ministros de la Corte Suprema se reunieron en el Hotel Marriott en Santiago a las 8:30 horas para el primer día de las Jornadas de Reflexión 2025 del Poder Judicial. Esta edición, la 28ª, incluyó la discusión del primer Código de Ética Judicial, impulsado por el pleno hace más de un año tras el caso Hermosilla, que reveló vínculos entre jueces y figuras políticas. El escándalo resultó en la destitución de una exsuprema, la expulsión de una exministra de la Corte de Santiago y la sanción a un magistrado de ese tribunal, quien enfrenta una acusación constitucional.
Antes de la discusión principal, el pleno reflexionó sobre la percepción y comunicación del Poder Judicial, con exposiciones del sociólogo Eugenio Tironi, la periodista Andrea Vial y el sociólogo argentino Kevin Lehmann. A las 11:30 horas comenzó el debate del código, redactado por la ministra Adelita Ravanales durante más de un año, extendiéndose hasta pasadas las 17:00 horas. La vocera María Soledad Melo indicó que se realizaron modificaciones al borrador y se presentó el texto definitivo para votación, revisado párrafo por párrafo con votaciones correspondientes. La aprobación final ocurrió el viernes.
El código tiene carácter consultivo y crea un Consejo Ético paritario integrado por dos jueces de primera instancia, un ministro de corte de apelaciones, un magistrado supremo y un experto externo en filosofía o ética aplicada. Resolverá dudas sobre el proceder de jueces, de oficio o por consulta, pero no analizará denuncias. Melo explicó: “La idea del Código de Ética es que los jueces en general tengan la posibilidad de, ante un órgano, ver qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la ética, la probidad y los principios que nos imperen”. Agregó que ayudará “a tratar de evitar algunas situaciones como las que hemos vivido hasta ahora”.
El documento aplica a jueces y abogados en labores jurisdiccionales, no a otros funcionarios, e incluye desafíos tecnológicos como la inteligencia artificial. El viernes, el pleno abordó el plan estratégico 2026-2030 y actualizaciones a la ley Karin. El presidente Ricardo Blanco enfatizó la necesidad de reflexionar en “momentos de particular complejidad, marcados por cambios vertiginosos a nivel legislativo, por el notable desarrollo en el intercambio de información y uso de herramientas tecnológicas”.