La directiva DAC8 de la Unión Europea entra en vigor el 1 de enero, obligando a los proveedores de servicios de criptoactivos a informar datos de usuarios y transacciones a las autoridades fiscales. Esta medida busca mejorar la transparencia fiscal en el sector cripto, funcionando junto con el reglamento MiCA. El incumplimiento tras el 1 de julio podría acarrear sanciones, incluidas incautaciones de activos por evasión fiscal.

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