El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la creación de una comisión para analizar cómo impedir las compras de vivienda con fines especulativos. La medida, impulsada por ERC y apoyada por el PSC, busca limitar la adquisición de pisos no destinados a residencia. Los Comuns se abstuvieron, condicionando su apoyo a los Presupuestos de 2026 a una prohibición más inmediata.
El Ayuntamiento de Barcelona estudiará en los próximos meses cómo impedir las compras de vivienda con fines especulativos, incluida su posible prohibición. La comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad aprobó la medida este martes con los votos de ERC, como impulsor de la proposición, y el PSC, junto a la abstención de Junts y los Comuns.
El Gobierno municipal de Jaume Collboni debe crear, en un plazo de tres meses, una comisión no permanente de estudio para analizar esta regulación, destinada a limitar la compraventa de pisos cuya finalidad no sea la residencia del nuevo propietario.
El debate sobre el veto a la compra de vivienda especulativa —para alquilarla o venderla más cara— ha ganado terreno en Catalunya tras un informe del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), presentado el 10 de octubre. Este estudio propone regular estas compras de forma excepcional y temporal, vinculada a zonas tensionadas según la Ley de Vivienda, que fija topes al alquiler.
Desde entonces, partidos como los Comuns, ERC y la CUP han impulsado su aplicación. A nivel autonómico, el president Salvador Illa se ha comprometido a estudiarlo, y los Comuns han registrado en el Parlament una ley para restringir compras de segundas viviendas destinadas a inversión.
En Barcelona, los Comuns han condicionado la aprobación de los Presupuestos de 2026 a su implementación. En el último plenario municipal, lograron una proposición, con votos de PSC y ERC, que instaba al Gobierno a desarrollar “los instrumentos urbanísticos necesarios” en seis meses.
Los Comuns se abstuvieron en esta votación, argumentando que la comisión ralentiza una propuesta urgente, según la concejal Lucía Martín. Eva Baró, de ERC, defendió la necesidad de contrastar experiencias internacionales, como en Ámsterdam, y buscar el mejor encaje regulatorio. Jordi Valls, teniente de alcalde y responsable de Vivienda del PSC, afirmó que el debate es “importante” y “ha llegado para quedarse”.