El gobierno colombiano enfrenta retos para fortalecer las cooperativas mediante contratación directa con organizaciones sociales. La Superintendencia de Economía Solidaria identifica barreras institucionales y riesgos de desnaturalización del modelo cooperativo. Casos como SaludCoop ilustran la necesidad de herramientas normativas más robustas.
En Colombia, la asociatividad comunitaria es esencial para abordar la débil presencia estatal en regiones, resolviendo problemas de seguridad alimentaria y servicios básicos. Sin embargo, barreras institucionales obstaculizan la contratación directa con juntas de acción comunal o cooperativas, confirmando que la institucionalidad no favorece lo asociativo.
El gobierno ha progresado en políticas públicas y contratación para profundizar lo cooperativo, pero persisten riesgos. La Superintendencia de Economía Solidaria detecta desnaturalizaciones donde la lógica empresarial desplaza principios solidarios, como unidades de negocio bajo cooperativas que no benefician a asociados.
La Ley 222 de 1995 permite a la Superintendencia de Sociedades identificar grupos empresariales, pero carece de disposiciones específicas para grupos cooperativos, limitando la seguridad jurídica. No se trata de restringir estos grupos, sino de evitar evasiones del modelo solidario mediante herramientas para gestión de riesgos y transparencia.
El caso SaludCoop, fundada en 1994 bajo la Ley 79 de 1988, ejemplifica esto: se expandió a filiales con ánimo de lucro bajo liderazgo de Carlos Palacino, recientemente condenado, formando el Grupo Empresarial SaludCoop. La supervisión fragmentada entre Supersolidaria y Superintendencia Nacional de Salud permitió concentración de poder con recursos públicos.
Similarmente, Coosalud involucra una cooperativa matriz con EPS y empresas vinculadas, donde inversiones no traducen beneficios para asociados. La Superintendencia propone definir criterios para grupos empresariales cooperativos y facultades para control interno y revelación financiera, fortaleciendo cimientos para transparencia y democracia económica local.