Un colectivo de presidentes de asociaciones denuncia en una tribuna en Le Monde el colapso de la financiación pública para el apoyo a exiliados, especialmente en salud mental. Estos recortes brutales amenazan las estructuras de acogida y atención, mientras los presupuestos para el control de la migración aumentan. Las víctimas son supervivientes vulnerables de violencia y conflictos.
En una tribuna publicada el 22 de octubre de 2025 en Le Monde, un colectivo de presidentes de asociaciones alerta sobre los recortes presupuestarios que afectan a las estructuras de acogida y atención para personas exiliadas. Estos fondos públicos, particularmente en salud mental –designada 'gran causa nacional'–, se están derrumbando en un 'pesado silencio'. Los presupuestos de las asociaciones que trabajan en la intersección de la atención, el derecho y la acogida están siendo recortados de manera brutal, arbitraria y sin explicación.
Los créditos del Ministerio del Interior se detienen o reducen, mientras que las subvenciones de los gobiernos locales desaparecen. Las primeras víctimas son las más vulnerables: mujeres, hombres y niños en exilio, supervivientes de conflictos, violencia y tortura. El colectivo describe estas medidas como el 'asesinato metódico' de un sector esencial, un 'ataque frontal' a las estructuras de solidaridad.
Las cifras destacan la urgencia: casi el 70% de los exiliados han sufrido violencia –guerra, tortura, violencia sexual, detención–, según el Comité para la Salud de los Exiliados. Uno de cada cinco padece trastornos mentales graves, como psicotrauma y depresión, según el Instituto de Investigación y Documentación en Economía de la Salud. Sin atención, estas condiciones empeoran, se vuelven crónicas, fomentan el aislamiento y obstaculizan la integración social.
Socavar estas estructuras especializadas se considera un 'acto de violencia' y un ' sinsentido médico, económico y social'. Las asociaciones dependen de modelos mixtos que incluyen fondos públicos, voluntariado y donaciones. El descompromiso del Estado provoca un efecto dominó: pérdida de equipos experimentados, reducción de capacidad, aumento de tiempos de espera y cierres. El colectivo ve esto como una 'decisión política deliberada' que debilita a los actores de campo, invisibiliza el sufrimiento y sobrecarga otras estructuras, o lleva directamente al abandono.