La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que impide obtener, renovar o mantener licencias de conducir a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La iniciativa, con 80 votos a favor y 36 abstenciones, modifica la Ley de Tránsito y busca promover el pago de estas obligaciones. El texto ahora pasa al Senado para su segundo trámite.
Este lunes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 80 votos a favor y 36 abstenciones un proyecto de ley impulsado por un grupo transversal de parlamentarios. La iniciativa, liderada por la diputada Alejandra Placencia (PC) junto a Boris Barrera (PC), Ana María Bravo (PS), Felipe Camaño (IND), Luis Cuello (PC), Marta González (IND), Emilia Nuyado (PS), Daniela Serrano (PC) y Gael Yeomans (FA), introduce restricciones a las licencias de conducir para deudores de pensiones de alimentos.
El proyecto modifica la Ley de Tránsito al agregar un nuevo requisito: no figurar en el Registro Nacional de Deudores para obtener o renovar el documento. Los departamentos de tránsito municipales deberán verificar esta condición antes de emitir licencias. Si una persona es incorporada al registro después de obtenerla, la licencia será cancelada administrativamente tras revisiones mensuales y notificación por correo electrónico o carta certificada.
Quienes pierdan la licencia por esta causa podrán solicitar una nueva inmediatamente al salir del registro, sin esperar los dos años requeridos en otros casos de cancelación. Durante el debate, legisladores de diversas bancadas destacaron que la medida promueve el pago efectivo de pensiones, afectando directamente a miles de niños y adolescentes.
Datos de la Contraloría revelaron que, entre 2022 y 2024, 3.400 personas en el registro obtuvieron o renovaron licencias pese a adeudar más de 17 mil millones de pesos. Además, el 70% de los municipios no cumplió la normativa vigente que ya prohíbe estas entregas. Aunque algunos parlamentarios advirtieron sobre la posible sobrecarga administrativa y la falta de fiscalización municipal, la mayoría priorizó el avance en el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Aprobado en general el 10 de septiembre, el texto regresó a la Comisión de Mujeres para indicaciones que fueron rechazadas tanto en comisión como en Sala, dejando la iniciativa lista para el Senado.