El exministro de Energía Diego Pardow fue notificado de una acusación constitucional por un error en los cobros de electricidad, con presión opositora para votar el libelo antes de las elecciones del 16 de noviembre. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, se mostró abierto a una sesión el 15 de noviembre, aunque el diputado Jaime Mulet enfatizó respetar los plazos para garantizar el debido proceso. El gobierno asumirá la defensa jurídica de Pardow, argumentando un principio institucional.
El miércoles 29 de octubre de 2025, a las 9 de la mañana, Diego Pardow, exministro de Energía del Frente Amplio, recibió la notificación de la acusación constitucional presentada por la oposición. Esta se origina en un error metodológico de la Comisión Nacional de Energía que resultó en cobros excesivos en las cuentas de luz, lo que llevó a su remoción del cargo por el Presidente de la República para asumir la responsabilidad política.
Pardow tiene diez días hábiles para responder, hasta el 12 de noviembre, período que coincide con una pausa legislativa por las elecciones del 16 de noviembre. La comisión revisora, presidida por el diputado Jaime Mulet (FREVS), dispondrá de seis días hábiles adicionales para emitir un informe recomendando aprobación o rechazo del libelo. La oposición, que apoyó a Mulet en su elección, presiona para acelerar el trámite y votar en la Cámara el 14, 15 o incluso después en el 20 de noviembre, interrumpiendo potencialmente la semana distrital y afectando campañas electorales.
José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara, comentó: “Por mi parte, no tengo ningún problema en sesionar cuando la comisión revisora de la acusación la despache. Esto podría darse quizás el día 15 de noviembre (a 24 horas de la elección) o el día 20 de noviembre (jueves posterior a los comicios), después que se vote la Ley de Presupuesto”. Sin embargo, el secretario general Miguel Landeros advirtió sobre respetar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, que exige sesionar tras transcurridos los seis días desde la comparecencia del acusado, lo que apuntaría al 20 de noviembre si Pardow responde el 13.
Mulet moderó su postura inicial: “Hay plazos que dependen del acusado y yo no voy a violar esos plazos para garantizar el debido proceso”. La oposición recuerda el caso de la exministra Carolina Tohá, donde los plazos no se siguieron estrictamente porque ella agilizó el proceso, pero abogados parlamentarios coinciden en respetar el principio si Pardow opta por tomarse el tiempo.
El gobierno asumirá la defensa jurídica de Pardow, justificada por la ministra Secretaria General de la Presidencia como defensa de un principio institucional, citando precedentes como el de la exministra Marcela Ríos. La Constitución permite acusaciones hasta tres meses después de dejar el cargo, como ocurrió con Andrés Chadwick. Oficialistas argumentan que la responsabilidad política ya fue asumida, pero la norma busca efectivizar responsabilidades constitucionales más allá de la remoción.