La política de endeudamiento del Gobierno Nacional Central se ajusta dentro de los parámetros de una regla fiscal suspendida. En el tercer trimestre de 2025, la deuda neta alcanzó el 57,3% del PIB, en camino hacia el límite ancla del 55%. Estrategias como la sustitución de deuda externa por interna buscan estabilizar las finanzas públicas.
La deuda pública de Colombia, adquirida mediante emisiones de títulos como bonos y TES, así como compromisos con bancos multilaterales como el FMI, BM y BID, se mide neta, restando activos financieros. La regla fiscal de la Ley 1473 de 2011 estableció un umbral máximo del 71% del PIB y un ancla del 55%, aunque fue suspendida durante la pandemia.
Históricamente, la deuda neta fluctuó desde un mínimo del 33,2% del PIB en 2012 hasta un pico del 60,7% en 2020. Entre 2002 y 2012, descendió de 44,8% a 33,2% mediante liquidación de activos y enfoque en seguridad. De 2012 a 2019, creció moderadamente un 15% del PIB. La pandemia impulsó un alza vertiginosa del 12,3% en un año, rompiendo la regla y afectando las calificaciones de riesgo.
Post-pandemia, en 2023 bajó a 53,4% del PIB con mayor recaudo, pero subió a 59,3% en 2024 por insuficiencias fiscales. Ahora, en descenso hacia el ancla, se aplican tres estrategias: reducir la deuda externa del 41% en 2022 al 34,3% actual, apuntando al 30% para aliviar presión cambiaria; explorar colocaciones en euros, francos suizos y con bancos chinos y de Medio Oriente para tasas más bajas; y extender plazos de deuda tras pagos al FMI, aliviando presiones cortoplacistas.
Estas medidas ortodoxas buscan diversificar fuentes y mantener la sostenibilidad, excluyendo deudas no financieras como déficits en combustibles, salud y subsidios energéticos.