El Tribunal de Cuentas ha reanudado el procedimiento sobre el presunto desvío de fondos para el referéndum del 1-O y ha dado diez días a las partes para que aclaren si se emplearon fondos europeos.
El órgano fiscalizador comunicó este lunes su decisión tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la semana pasada. El TJUE avaló la ley de amnistía siempre que los actos no afecten a fondos del presupuesto comunitario.
El Tribunal de Cuentas suspendió el caso en julio de 2024 al plantear una cuestión prejudicial. Ahora solicita documentación sobre el origen de los gastos investigados, que incluyen la preparación del referéndum de 2017 y la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.
Entre los encausados figuran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, así como exconsejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig. La Fiscalía reclama más de tres millones de euros.
