Los legisladores franceses comenzaron a examinar el proyecto de ley de financiación de la seguridad social para 2026 el 27 de octubre de 2025, en medio de tensiones por la suspensión de la reforma de pensiones y medidas de ahorro drásticas. Se adoptó una enmienda gubernamental que aumenta el recargo sobre grandes empresas, mientras que el debate sobre el impuesto Zucman se pospuso. Las discusiones se prevén controvertidas con un déficit proyectado de 17.500 millones de euros.
El 27 de octubre de 2025, la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Nacional comenzó a revisar el proyecto de ley de financiación de la seguridad social para 2026 (PLFSS), retrasado cuatro días para incluir la suspensión de la reforma de pensiones de 2023. El proyecto prevé 676.900 millones de euros en gastos frente a 659.400 millones en ingresos, reduciendo el déficit a 17.500 millones de euros desde los 23.000 millones de 2025. Las medidas incluyen limitar el crecimiento del gasto sanitario al 1,6 %, siete mil millones de euros en ahorros sanitarios, mayores franquicias médicas y congelación de prestaciones sociales por 3.600 millones de euros en ahorros.
Los debates se volvieron rápidamente controvertidos. Los legisladores eliminaron el artículo introductorio y el artículo 1 sobre previsiones presupuestarias, señalando el rechazo a la trayectoria del gobierno. Se adoptó una enmienda gubernamental que eleva el recargo excepcional sobre los beneficios de grandes empresas de 4.000 a 6.000 millones de euros con un voto de 196-149, centrando los esfuerzos en las mayores firmas. La Asociación Francesa de Empresas Privadas (Afep) condenó la extensión como un 'error' que ignora la realidad económica, advirtiendo de impactos en la innovación y el empleo.
La suspensión de la reforma de pensiones, prometida a los socialistas a cambio de no censurar, genera oposición. El Senado, liderado por Gérard Larcher, planea restablecerla, destacando un coste de déficit de 30.000 millones de euros para 2035. Los diputados rechazaron una contribución patronal del 8 % sobre vales de restaurante y cheques vacacionales, criticada por Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons) y Jérôme Guedj (PS) por cargar a las pymes y afectar el poder adquisitivo. También eliminaron la congelación de tramos de la CSG y adoptaron un aumento del impuesto sobre ingresos de capital.
El debate sobre la enmienda 'Zucman light' del PS, que grava las herencias superiores a 10 millones de euros al 3 %, se pospuso ya que el ministro de Economía, Roland Lescure, viaja el miércoles. Gabriel Zucman expresó preocupaciones por las exenciones pero elogió un 'suelo' de tributación. Boris Vallaud (PS) afirmó que 'todo es posible', incluida la censura. Las tensiones estallaron entre PS y RN, con Jean-Philippe Tanguy acusando a Philippe Brun de colusión con el gobierno.