La Asamblea Nacional francesa aprobó este jueves un proyecto de ley que propone hasta seis meses de prisión por contribuir a una 'free party' no declarada o prohibida. Con el respaldo del Gobierno y de la extrema derecha, el texto fue aprobado en primera lectura por 78 votos a favor frente a 67 en contra. Ahora, la propuesta pasa al Senado.
La diputada Laetitia Saint-Paul, del partido Horizons, defendió el proyecto de ley durante una jornada reservada a su grupo parlamentario. La normativa sanciona "contribuir directa o indirectamente a la preparación, instalación o buen funcionamiento" de una 'free party' ilegal, con penas de hasta seis meses de cárcel y una multa de 30.000 euros. Se incluye la confiscación obligatoria del equipo, así como una multa de 1.500 euros para los simples participantes, que se duplicará en caso de reincidencia. La ministra delegada del Interior, Marie-Pierre Vedrenne, calificó las sanciones actuales de "insuficientemente disuasorias", señalando que Francia atrae a asistentes de países con leyes más estrictas. Saint-Paul eximió de responsabilidad a quienes actúen exclusivamente en tareas de reducción de daños, una concesión hecha a los críticos. Una enmienda de La Francia Insumisa (LFI) añadió a los instaladores de zonas de descanso o puestos de comida a la lista de posibles sancionados. Los debates enfrentaron a los defensores de los agricultores, que citaron los daños en los campos, contra opositores de izquierda como Andy Kerbrat (LFI), quien acusa al Estado de generar "ilegalidad" al denegar los permisos. Eric Michoux (UDR) ironizó sobre los "10.000 okupas" que convierten el campo en "letrinas gigantes". Los actores del sector, en un artículo de opinión para Télérama, denuncian que la represión está empujando a las 'free parties' a una mayor clandestinidad.
