Pablo Medina, controlador de Inmobiliaria Fundamenta, rechazó acusaciones de irregularidades en las gestiones judiciales que permitieron avanzar con el proyecto Eco Egaña Comunidad Sustentable en marzo de 2023. En una entrevista, defendió la legalidad de las acciones ante la Corte Suprema y negó cualquier influencia indebida. La controversia surgió tras un reportaje de Ciper sobre el estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber.
El proyecto inmobiliario Eco Egaña Comunidad Sustentable, valorado en US$300 millones, enfrentó obstáculos burocráticos y judiciales que amenazaron su desarrollo. En noviembre de 2022, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), bajo la dirección de Valentina Durán, aprobó el proyecto, revocando una resolución previa de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de abril de 2022. Esto permitió reiniciar las obras, y en febrero de 2023, la Corte Suprema ratificó la decisión del SEA mediante un fallo de casación, aplicando la doctrina del caso Dominga.
Medina enfatizó que la resolución de la Suprema fue "un mero trámite" y no un avance extraordinario. "No vamos a aceptar que se diga que Eco Egaña salió adelante por malas artes o influencias indebidas", declaró, defendiendo el trabajo de su equipo legal, incluyendo a Rodrigo Benítez, Edesio Carrasco y Raúl Tavolari en materia ambiental.
La polémica se intensificó con un reportaje de Ciper, que detalló las gestiones de Fundamenta con el estudio Lagos, Vargas & Silber, contratado a mediados de 2022 tras la paralización del proyecto. Gabriel Silber ofreció sus servicios, destacando experiencia en conflictos similares, y el bufete manejó el relacionamiento comunitario y demandas contra el Estado. Medina negó conocimiento de prácticas ilícitas: "Somos una empresa honesta y con prestigio". Dos socios, Eduardo Lagos y Mario Vargas, están detenidos por presuntos lavado de activos y soborno en la "trama bielorrusia".
Fundamenta pagó $600 millones al estudio entre 2022 y 2023 por preparar querellas por prevaricación administrativa y demandas civiles. Además, abonaron $2 millones a Marcos Fuentes para recusar al ministro Sergio Muñoz, quien se inhabilitó voluntariamente al saber que su hija compraba en el proyecto. Medina desmintió pagos de $400 millones a Fuentes y aclaró que no sabían de amistades entre Vargas y la ministra Ángela Vivanco, ni de su rol en la designación del ministro Diego Simpertigue.
Al enterarse del caso Movitec, Fundamenta terminó la relación con el estudio y revocó poderes. Ahora, buscan nuevos asesores para la demanda contra el Fisco, con todos los gastos legales acreditados. Medina hizo autocrítica: "Si se han cometido ilícitos en nuestras tramitaciones, vamos a ser los primeros en repudiarlo y en proceder penalmente". Insistió en que no hubo opacidad ni acciones ilegales, y que el caso era de interés nacional por su complejidad.