Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el despliegue de fuerzas armadas en el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, buscó prevenir disturbios en Zapopan, Jalisco. El operativo no fue una escolta para los restos del líder del CJNG, sino una medida para proteger a la ciudadanía tras incidentes previos. Autoridades también hallaron evidencia de pagos a policías municipales en una cabaña ligada al cártel.
El 2 de marzo, se realizó el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco. Días antes, el 22 de febrero, Oseguera había muerto durante un operativo federal, lo que generó disturbios, bloqueos e incendios de vehículos en la zona.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró el 6 de marzo que el despliegue de la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco no tuvo como fin escoltar la carroza con los restos de El Mencho. "Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía, el antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos; este operativo implementado por la Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco fue para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie. Fue para evitar cualquier disturbio en la ciudad y proteger a la ciudadanía", declaró Harfuch.
Actualmente, no hay elementos del Ejército resguardando el panteón, a pesar de posibles intentos de personas por visitar la tumba del criminal. Durante el evento, un estudiante extranjero del Tecnológico de Monterrey fue agredido por sujetos con lentes oscuros al intentar fotografiar el sitio; lo golpearon y le quitaron su equipo.
Tras la muerte de El Mencho, en una cabaña del Tapalpa Country Club se localizaron hojas de cálculo que indican pagos a policías y autoridades municipales en Jalisco. Harfuch evitó confirmar investigaciones contra municipios específicos, señalando que se requiere una denuncia formal para iniciar carpetas de investigación, como en el caso del presidente municipal de Tequila. No proporcionó el número de entidades bajo escrutinio.
