El ministro del Supremo Gilmar Mendes ha suspendido provisionalmente partes de la Ley de Impeachment que permiten la destitución de miembros del tribunal. La decisión, tomada el 3 de diciembre de 2025, busca limitar las solicitudes de impeachment solo a las denuncias presentadas por el fiscal general. La medida ha generado reacciones en el Congreso y tensiona las relaciones entre los poderes del Estado.
En una decisión individual y provisional emitida el miércoles 3 de diciembre de 2025, el ministro Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal (STF) suspendió disposiciones de la Ley de Impeachment (Ley 1.079/1950) que regulan la destitución de ministros del tribunal por crímenes de responsabilidad. La acción responde a demandas presentadas por el partido Solidariedade y la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), que alegan incompatibilidad con la Constitución de 1988. Para Mendes, la ley está desactualizada al permitir que cualquier ciudadano presente solicitudes de impeachment en el Senado; argumenta que solo el fiscal general debería tener esa prerrogativa.
La decisión reavivó las tensiones entre el STF y el Legislativo. El presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reaccionó el mismo día sugiriendo enmiendas constitucionales en respuesta al blindaje promovido por Mendes. Desde 2020, el Senado ha acumulado 99 solicitudes de impeachment contra ministros del STF, impulsadas principalmente por decisiones judiciales sobre la Covid-19 y la investigación de fake news. El ministro Alexandre de Moraes es el principal objetivo, con 56 solicitudes, seguido por Gilmar Mendes (12) y Flávio Dino (8). Los nombrados por Bolsonaro, como Kassio Nunes Marques y André Mendonça, enfrentan menos presiones, con 2 y 1 solicitudes, respectivamente.
Críticos, como en un editorial de Folha de S.Paulo, argumentan que la acción de Mendes usurpa la prerrogativa del Congreso para modernizar la ley de 1950, que ya se usó para destituir presidentes como Fernando Collor y Dilma Rousseff. Advierten que la decisión debilita la imagen del STF, alimentando críticas por su sed de poder y limitando la soberanía popular. La medida aún será revisada por el pleno del STF.