El gobierno chileno activó la transformación del penal Punta Peuco en un centro penitenciario común, permitiendo desde este martes el ingreso de condenados por delitos no graves. La medida busca eliminar prisiones especiales para violadores de derechos humanos de la dictadura y optimizar recursos ante la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, enfrenta oposición de abogados de los internos y del alcalde de Tiltil, quien denuncia impactos en la seguridad local.
El decreto supremo, publicado en el Diario Oficial el 5 de noviembre de 2025, modifica el estatus de Punta Peuco tras la toma de razón de la Contraloría. Dos considerandos clave justifican la medida: el derecho a la igualdad ante la ley y la improbabilidad de mantener un penal especial para exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El presidente Gabriel Boric celebró la aprobación, destacando que el establecimiento quedará "a disposición de las necesidades del país, en particular del desafío que enfrentamos en materia de seguridad".
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó: “Lo principal es que ya no existirán penales especiales para que personas que fueron condenadas por graves violaciones a los derechos humanos cumplan sus condenas. Eso es lo más importante”. Comparó la reconversión con el cierre del penal Cordillera en 2013 bajo Sebastián Piñera, marcando el fin de prisiones exclusivas. Desde este martes, ingresarán condenados por delitos comunes de bajo compromiso delictual, con cambios en visitas y fin de facilidades como encomiendas especiales. La capacidad actual de 133 plazas, con 141 reclusos, se expandirá a 165 mediante obras como nuevos módulos, sala de visitas y televigilancia. Los internos actuales no serán trasladados y el recinto seguirá siendo solo para hombres; los nuevos cupos priorizarán adultos mayores de bajo riesgo.
La resistencia surgió inmediatamente. El abogado Raúl Meza, de la Fundación Verdad y Justicia, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, alegando que el decreto es “ilegal y arbitrario” y vulnera derechos a la vida e integridad de los internos. El gobierno rechazó las acusaciones, argumentando potestades legales del Ministerio de Justicia, visadas por Contraloría. “Lo que es anómalo es que exista un penal especial para ciertos criminales que cometieron delitos durante un cierto periodo histórico”, sostuvo Gajardo.
El alcalde de Tiltil, César Mena (ind. republicano), anunció un recurso de amparo para el jueves y evalúa ir al Tribunal Constitucional, afirmando que la medida “pasa a llevar los derechos humanos a todos los habitantes de Tiltil”. Acusó a Boric de un “guiño político” a la candidata Jeannette Jara para subir encuestas, prediciendo inseguridad, invasiones de terrenos y sobrecarga sanitaria en una comuna con recursos limitados: solo tres vehículos de seguridad para 700 km². La comunidad se organiza para protestar y presentar recursos similares. La implementación plena está prevista para 2026.