El gobierno chileno anunció la expropiación de 110 hectáreas de los terrenos ocupados ilegalmente en el Cerro Centinela de San Antonio, donde viven unas 10 mil personas. Esta medida busca evitar una crisis social, pero ha generado críticas por debilitar el Estado de Derecho y validar tomas ilegales. La decisión contradice políticas previas y utiliza fondos del presupuesto 2025.
La toma de San Antonio en el Cerro Centinela comenzó en 2019, cuando grupos organizados ocuparon ilegalmente 215 hectáreas con maquinaria pesada y lotearon el terreno, vendiendo lotes de manera irregular. Hoy alberga a más de 10.000 personas, incluyendo 3.000 niños, en condiciones sin servicios básicos. En julio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó el desalojo a raíz de un recurso de los propietarios, fallo confirmado por la Corte Suprema en marzo de 2024.
El gobierno inició negociaciones para que las familias compraran los terrenos a través de cooperativas, pero estas fracasaron en septiembre de 2024 debido a precios exigidos por los dueños, superiores a las tasaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Inicialmente, el ministro Mario Montes había declarado en diciembre de 2023 que no se consideraba ni la compra ni la expropiación, dada la falta de recursos para los más de 1.400 campamentos en el país.
Sorpresivamente, al acercarse el plazo de desalojo, el gobierno dictó un decreto para expropiar 110 hectáreas, estimando un costo de US$11 millones con fondos de planes no ejecutados en el presupuesto 2025. El Minvu presentó un plan habitacional ante la corte, justificando la medida por el impacto social de desalojar a miles sin alternativa, y argumentando que no hay otra toma similar en Chile. Fuentes del gobierno señalan que esta herramienta fue usada ampliamente por la administración anterior.
Críticos, como en el editorial de La Tercera, advierten que esta decisión consolida la toma como mecanismo de presión efectivo, escabulle órdenes judiciales y abre la puerta para que otros campamentos exijan soluciones similares, erosionando la institucionalidad. El arquitecto Yves Besançon P. cuestiona si las hectáreas beneficiarán solo a las 4.000 familias ocupantes o incluirán a 2.500 comités de vivienda que esperan hace más de 10 años, enviando una 'mala señal' al premiar ilegalidades.
Por otro lado, el académico Rodolfo Jiménez apoya la expropiación como herramienta legítima para pagar precio de mercado y desarrollar proyectos habitacionales planificados, destacando el déficit de un millón de viviendas y la necesidad de políticas de largo plazo, como en el Metro de Santiago. Subraya que desalojar sin alternativas viables, como albergues insuficientes en San Antonio, generaría una crisis humanitaria. El proceso expropiatorio puede tardar hasta dos años, y el desalojo de la porción no expropiada está previsto para inicios de 2025, aunque el plan presentado cubre solo a esa minoría.