El gobierno francés ha anunciado que propondrá al Senado examinar dos proyectos de ley sobre el fin de la vida después del proyecto de presupuesto, para resolver el debate antes de las elecciones presidenciales de 2027. Estos textos, aprobados en primera lectura en la Asamblea Nacional a finales de mayo, abordan los cuidados paliativos y la ayuda a morir. Retrasos sucesivos debido a la crisis política han pospuesto su revisión inicialmente prevista para octubre.
La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, declaró en una entrevista con Le Parisien publicada el 18 de octubre que el gobierno propondrá al Senado inscribir los dos textos sobre cuidados paliativos y ayuda activa a morir después del examen del presupuesto. «Este debate debe resolverse antes de las elecciones presidenciales de 2027», aseguró.
Los dos proyectos de ley fueron aprobados en primera lectura en la Asamblea Nacional a finales de mayo. El primero, de consenso, aborda los cuidados paliativos. El segundo, más sensible, busca crear un «derecho a la ayuda a morir» para autorizar y acompañar a un paciente en la autoadministración de una sustancia letal, o que se la administren si no puede hacerlo físicamente, legalizando así el suicidio asistido y, excepcionalmente, la eutanasia.
Inicialmente, el Senado previó dos semanas de examen a partir del 7 de octubre, pero la censura del gobierno de François Bayrou causó un retraso. Luego se consideró una discusión a partir del 20 de octubre, pero la dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu el 6 de octubre —seguida de su reincorporación— lo impidió. Estos retrasos generan temores de no llegar a una votación final antes de 2027, que requiere dos lecturas por cámara. El Senado, dominado por la derecha y el centro, podría enmendar el texto sobre la ayuda a morir.
«Estamos en un punto muerto», denunció el diputado MoDem Olivier Falorni, impulsor de los proyectos, en France Inter el 18 de octubre. Según él, «el grupo mayoritario LR [en el Senado] está haciendo todo lo posible para impedir que este debate ocurra». Instó al gobierno a programar los textos o recurrir a un referéndum.