Congresistas del Huila califican como tardío el cambio de estrategia del Gobierno de Gustavo Petro ante la expansión de grupos armados. Los bombardeos ordenados por el presidente reflejan el fracaso de la 'Paz Total', según senadores y representantes. Leyla Rincón defiende la acción militar como legítima para salvaguardar la vida de 20 soldados.
Los congresistas huilenses han cuestionado el reciente giro en la estrategia de seguridad del presidente Gustavo Petro, quien ordenó bombardeos contra disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. Este cambio contrasta con sus críticas previas como congresista, cuando entre 2019 y 2021 calificó estas operaciones como posibles "crímenes de guerra" por el riesgo a menores reclutados, y en 2023 reiteró reproches por falta de reparos humanitarios.
Petro justificó las 12 acciones de bombardeo en su gobierno: "En las 12 acciones de bombardeo que he ordenado en mi gobierno, he pedido el máximo de inteligencia para evitar muerte de menores y lo he hecho sobre la base de neutralizar mandos de los grupos del narco". El ataque más reciente en Guaviare buscaba prevenir el desplazamiento de estos grupos hacia Venezuela y evitar una emboscada contra soldados.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo confirmó que en un bombardeo en Guaviare murieron seis menores según la entidad, o siete según Medicina Legal, reclutados por el grupo armado. La defensora Iris Marín lo calificó de "profundamente lamentable" y enfatizó: "El principio de la humanidad debe prevalecer por encima de la guerra". Petro respondió que, aunque lamentable, la operación era necesaria para proteger unidades de la Fuerza Pública.
La senadora Esperanza Andrade ve desesperación en el Gobierno por el crecimiento de disidencias, criticando la selectividad: "Es evidente: es otra promesa incumplida. ¿En qué quedó cumplir con el Derecho Internacional Humanitario en estos operativos?". La congresista Luz Pastrana interpreta el giro como un ajuste forzado por la realidad, urgiendo transparencia en protocolos del DIH para proteger menores.
Leyla Rincón, afín al Gobierno, lo califica de acción legítima contra 150 hombres que amenazaban a 20 soldados, sin ruptura en la política: "La muerte de menores en cualquier operación militar es una tragedia que el Estado no puede normalizar". El representante Julio César Triana lo ve como reacción tardía e improvisada, a ocho meses del fin del mandato, con preocupación por la selectividad en los objetivos.