La División de Gauteng del Tribunal Superior de Johannesburgo ha prohibido a Operation Dudula bloquear el acceso de nacionales extranjeros a instalaciones de salud y escuelas. La sentencia, dictada el 4 de noviembre, prohíbe al grupo antiinmigrante acosar, intimidar o agredir a los migrantes. También ordena a la policía y a los departamentos gubernamentales que apliquen la orden.
El desafío legal contra Operation Dudula comenzó en 2023, iniciado por grupos que incluyen Kopanang Africa Against Xenophobia (Kaax), el South African Informal Traders Forum, la Inner City Federation y Abahlali baseMjondolo. Representados por el Socio-Economic Rights Institute, apuntaron a las acciones xenófobas del grupo, como impedir el acceso de nacionales extranjeros a clínicas y hospitales. El Department of Home Affairs y el South African Police Service fueron citados como demandados por supuestamente fallar en proteger a las comunidades o incluso por coludirse con Dudula.
El 4 de noviembre, el juez Leicester Adams dictaminó que la conducta de Operation Dudula era ilegal e inconstitucional. La sentencia, preparada durante más de cuatro meses, prohíbe explícitamente al grupo –registrado como partido político que aspira a las elecciones locales de 2026– exigir pasaportes o identificaciones a individuos privados, un poder reservado a los oficiales de inmigración y la policía. Los líderes Zandile Dabula y su adjunto Dan Radebe están prohibidos de intimidar, acosar, agredir, promover discurso de odio basado en nacionalidad o etnia, bloquear el acceso a la salud o educación, desalojos ilegales o interferir en negocios de migrantes. El grupo debe informar a todos sus miembros de la orden y no puede alentar tales acciones en línea o en reuniones.
La sentencia obliga a los departamentos gubernamentales a implementar el National Action Plan to Combat Racism, Xenophobia and Related Intolerance, incluyendo sistemas de alerta temprana y recolección de datos sobre crímenes de odio. Las verificaciones policiales e de inmigración están limitadas a lugares públicos con sospecha razonable y órdenes judiciales cuando sea necesario; los niños menores de 18 años tienen protecciones contra interrogatorios o detención.
Dale McKinley de Kaax calificó la decisión como 'enorme', afirmando: 'Esto es enorme porque afirma no solo el derecho humano constitucional por el que hemos argumentado, sino que también pone fin a estos argumentos de que una organización como Operation Dudula puede reemplazar al Estado y tiene el poder de hacer estas cosas de vigilante.' Destacó los desafíos de aplicación, señalando la inacción pasada del gobierno, y anunció una movilización con organizaciones como Doctors Without Borders y SECTION27 para monitorear clínicas y escuelas. McKinley instó a los ciudadanos a reportar violaciones para asegurar el cumplimiento, advirtiendo que ignorar la orden podría socavar los derechos constitucionales.