En el último giro del caso de liquidación de Banco Master —tras el rechazo el 27 de diciembre del ministro del STF Dias Toffoli a la solicitud del Banco Central para excluir a su director de Fiscalización del enfrentamiento del 30 de diciembre—, dos funcionarios judiciales visitaron la oficina en São Paulo antes de Navidad en busca del liquidador Eduardo Félix Bianchini, avivando expectativas de citaciones en las disputas legales en curso.
Los funcionarios tenían como objetivo a Bianchini, un empleado jubilado del Banco Central (BC) nombrado para supervisar la liquidación de Banco Master de Daniel Vorcaro. No estaba disponible porque se hallaba fuera de la ciudad con su familia; Bianchini posee acceso a contratos bancarios clave y pagos, incluidos R$3,6 millones mensuales a la oficina de parientes del ministro Alexandre de Moraes, según O Globo.
La defensa de Vorcaro ha acusado al BC de servirse del liquidador para recopilar información, según se alega en una petición al ministro del TCU Jhonatan de Jesus (revelada por Metrópoles). Toffoli negó haber enviado a los funcionarios. El BC, que ya cuestiona la participación del director Ailton de Aquino Santos en el enfrentamiento con Vorcaro y el ex presidente del BRB Paulo Henrique Costa, considera ahora presentar un mandado de segurança ante el STF para impedirlo, argumentando que ni el regulador ni su director están bajo investigación.
Toffoli consideró previamente esencial la participación de Aquino para aclarar el conocimiento del BC sobre irregularidades en Master, los pasos de fiscalización y las fallas en el proceso. La ANBCB, que representa a los auditores del BC, criticó la audiencia: «¿Cuál es la lógica de confrontar a Vorcaro, Paulo Costa y al director Ailton?», se preguntó el presidente Thiago Rodrigues Cavalcanti, viéndolo como una presión sobre el personal.
Un técnico jubilado del BC describió las interferencias del STF y del TCU como sin precedentes y potencialmente intimidatorias. El ex director del BC Luiz Fernando Figueiredo arremetió: «El TCU y el STF tienen poca idea de lo que hacen. Fue un fraude masivo, una decisión colegiada con documentación robusta». El ministro del TCU Jhonatan de Jesus ha cuestionado al BC sobre la precipitación en la liquidación, aunque la pesquisa sobre omisiones del regulador sigue bajo secreto de justicia. El abogado de Vorcaro, Walfrido Warde, no respondió.