Minvu anuncia expropiación parcial de terreno ocupado en San Antonio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Chile anunció la expropiación de 110 de las 215 hectáreas del Cerro Centinela en San Antonio, un terreno ocupado ilegalmente desde 2019 por más de 10.000 personas. Esta medida busca evitar una crisis humanitaria, pero genera debate sobre el Estado de Derecho y la planificación habitacional. Expertos ofrecen perspectivas opuestas sobre si regulariza tomas ilegales o aborda causas estructurales del déficit de viviendas.

La ocupación del Cerro Centinela en San Antonio comenzó en 2019 de manera organizada, con planificación profesional, maquinaria pesada y la venta de lotes en un 'loteo brujo', afectando hoy a más de 10.000 personas, incluyendo más de 3.000 niños. Un fallo judicial ordena el desalojo del terreno de 215 hectáreas, pero el Minvu optó por expropiar solo 110 hectáreas para destinarlas a un proyecto habitacional, tras fracasar negociaciones de compra por precios especulativos excesivos.

El proceso expropiatorio puede extenderse hasta dos años o más, y obliga al Estado a desalojar la mitad no expropiada conforme a la sentencia. Voceros del Minvu argumentan que evita una crisis humanitaria, pero el arquitecto Yves Besançon critica la medida como una 'mala señal' que daña el Estado de Derecho al regularizar una toma ilegal que debió resolverse hace cuatro años. Señala que fomenta atajos ilegales en lugar de mecanismos legales, en un contexto de déficit habitacional superior a 700.000 viviendas, y cuestiona si las 110 hectáreas beneficiarán solo a las 4.000 familias ocupantes o incluirán a 2.500 familias de comités de vivienda que esperan hace más de 10 años.

Por otro lado, Rodolfo Jiménez, académico de la Usach y presidente del Colegio de Arquitectos, respalda la expropiación como herramienta legítima que equilibra el derecho de propiedad con el acceso a vivienda digna, ausente en la Constitución chilena. Enfatiza que la megatoma refleja un fracaso estatal en planificación urbana de largo plazo, con un déficit cercano al millón de viviendas, y urge consensos transversales para proyectos decenales, similares al Metro de Santiago, abandonando expansiones urbanas indefinidas que marginan a sectores populares.

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