En Nigeria, la jubilación se ha convertido en una lucha para miles de funcionarios que enfrentan retrasos en el pago de pensiones y gratificaciones. Los pensionados ancianos soportan largas colas y verificaciones repetidas en oficinas como la PTAD en Abuja, mientras estallan protestas en los estados exigiendo derechos no pagados. La crisis resalta problemas arraigados de corrupción y mala gestión en el sistema de pensiones.
La jubilación, que debería traer descanso y dignidad después de años de servicio, se ha convertido en una fuente de sufrimiento para los funcionarios nigerianos. En la oficina de la Pension Transitional Arrangement Directorate (PTAD) en Abuja, hombres y mujeres ancianos llegan al amanecer, aferrando carpetas y apoyándose en bastones, con la esperanza de procesar sus reclamos antes del anochecer. Esta rutina agotadora ha persistido durante años para muchos, con poco progreso.
El señor James, un pensionado de Nasarawa que se jubiló en 2015 después de 35 años como maestro, compartió su frustración: «Desde entonces, no he recibido mi gratificación. Siempre nos dicen que volvamos. Mientras tanto, muchos de mis colegas están muriendo.» Las protestas se han vuelto rutinarias, como los jubilados en Benue bloqueando carreteras por pensiones adeudadas durante más de dos años, mujeres ancianas marchando a las sedes gubernamentales en Imo y Ondo con carteles que dicen «Páguennos antes de que muramos», y pensionados aged sentados frente a la secretaría estatal en Borno.
La disparidad es marcada: mientras los pensionados enfrentan la miseria, los exgobernadores reciben paquetes generosos que incluyen salarios, asignaciones, casas y vehículos. Los impactos en la salud son graves, con informes de colapsos y muertes en las colas relacionados con estrés, presión arterial alta, depresión y enfermedades cardiovasculares. Las familias cargan con cargas adicionales ya que los familiares más jóvenes cubren costos destinados a las pensiones.
Las causas raíz incluyen décadas de corrupción y mala gestión, ejemplificadas por el escándalo de pensiones de 2013 donde se desviaron miles de millones de nairas. La Ley de Reforma de Pensiones de 2004 introdujo un esquema contributivo, que funciona en el sector privado y algunos organismos federales pero está mal implementado en la mayoría de los estados. La señora Hauwa, una enfermera jubilada en Maiduguri, lamentó: «Dí mi juventud al servicio gubernamental, ahora ni siquiera puedo pagar mis medicinas.»
Estados como Lagos y Edo sirven como modelos con esquemas contributivos efectivos y pagos regulares. Los expertos llaman a una implementación completa a nivel nacional, cercar fondos, verificación biométrica para eliminar pensionados fantasma, y priorizar presupuestos para obligaciones con los jubilados. Sin reformas, la crisis sigue siendo un fracaso moral, traicionando a aquellos que construyeron el servicio civil.