Los productores de cacao en las reservas forestales del estado de Ondo han instado al gobernador Lucky Aiyedatiwa a revisar una nueva política de agricultura forestal que describen como paralizante. La política requiere tarifas elevadas para mapeo y agroforestería, junto con permisos a corto plazo, amenazando sus medios de vida. Los agricultores destacan las disparidades con los grandes inversores que reciben arrendamientos favorables a largo plazo.
El martes 4 de noviembre de 2025, los productores de cacao que operan en las reservas forestales del estado de Ondo presentaron una petición al gobernador Lucky Aiyedatiwa, solicitando una revisión urgente de la nueva política de agricultura forestal introducida por el estado. Representados por el Prof. Olugbenga Oke, socio principal de Lawville Legal Practice, los agricultores argumentan que la política, que incluye una Iniciativa de Mapeo de Polígonos y un Programa de Agroforestería para cumplir con el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR), impone cargas financieras insostenibles.
Bajo la política, cada agricultor debe pagar 250.000 N por hectárea, desglosado en 150.000 N por mapeo de polígonos y 100.000 N por agroforestería, además de obtener un permiso de cultivo de cinco años. El Ministerio de Agricultura también ha aumentado la tarifa de clasificación de 11.000 N por tonelada a 22.000 N por kilo, equivalente a unos 660.000 N por remolque de cacao – un costo que los agricultores consideran prohibitivo para los pequeños operadores.
La petición afirma: «Aunque nuestros clientes aprecian el compromiso del Gobierno del Estado con la sostenibilidad ambiental y los estándares comerciales globales, las implicaciones financieras y estructurales de la política son profundamente onerosas y amenazan sus medios de vida.» Previamente, los agricultores pagaban 20.000 N por hectárea, y señalan que los exportadores a menudo mapean tierras agrícolas gratis en áreas no reservadas. La tasa de agroforestería de 100.000 N es criticada como excesiva, dado que las semillas para 1.000 árboles cuestan solo 5.000 N.
Una queja clave es la disparidad en los permisos: mientras que los campesinos reciben términos de cinco años, los grandes inversores se benefician de arrendamientos de décadas a tasas más bajas. Por ejemplo, JB Farms Ltd tiene un permiso de 50 años para 14.000 hectáreas en la Reserva Forestal de Ore-Otulrele a 50 millones de N anuales (3.572 N por hectárea); SAO Agro tiene un permiso de 80 años para 10.000 hectáreas a 20 millones de N anuales (2.000 N por hectárea); y Tropic Palm Oil Ltd disfruta de un permiso de 40 años para 14.000 hectáreas en la Reserva Forestal de Ute Owo a 30 millones de N anuales (2.150 N por hectárea). Los árboles de cacao, con una vida productiva de más de 40 años, subrayan la injusticia percibida.
Los agricultores también asumen el costo total de las carreteras de acceso e infraestructura. Solicitan una revisión a la baja de la tasa de 250.000 N para alinearla con sus realidades económicas, enfatizando su cumplimiento previo y la amenaza de la política al empleo para muchas personas anteriormente desempleadas.