En una tribuna de Le Monde, el economista Rémi Jeannin y el historiador Arnaud Pautet advierten contra la narrativa engañosa de la 'deuda social' de Francia promovida por el director de BPI, Nicolas Dufourcq. Argumentan que aislar la porción social del déficit público carece de sentido, ya que es creada artificialmente por el Estado. Su crítica se dirige al libro de Dufourcq, que afirma que 2.000 mil millones de euros de deuda provienen de prestaciones sociales no financiadas durante cuarenta años.
Nicolas Dufourcq, director de la Banque publique d’investissement (BPI), ha publicado 'La Dette sociale de la France. 1974-2024' (Odile Jacob, 544 páginas, 28,90 euros), afirmando que 'de los 3.500 mil millones de euros [de deuda pública] actuales, 2.000 mil millones (…) son prestaciones sociales pagadas a crédito durante cuarenta años'. Esta estimación, repetida sin cuestionamiento en diversas apariciones mediáticas, incluida Le Monde, es considerada infundada por el economista Rémi Jeannin y el historiador Arnaud Pautet.
El libro ofrece un valor histórico al documentar medio siglo de vida política con testimonios de actores y plantea una pregunta legítima: ¿qué parte de la deuda pública puede atribuirse al aumento del gasto social no cubierto por los gravámenes obligatorios?
Sin embargo, los autores de la tribuna destacan dos fallos metodológicos graves. Primero, Dufourcq suma el gasto público desde los años 80 en 38.000 mil millones de euros, de los cuales el 58% (22.200 mil millones) es social, atribuyendo el 58% de la deuda actual a 'deuda por prestaciones'. Esto pasa por alto la inflación: según Insee, 1 euro en 2024 tiene el poder adquisitivo de 0,31 euro en 1980.
Segundo, asignar automáticamente estos 58% al stock actual de deuda ignora que el gasto social tiene ingresos dedicados, como las cotizaciones sociales, la CSG, la CRDS y el IVA. Esto impulsa el consumo, la cohesión social, el crecimiento y genera un superávit fiscal que frena el endeudamiento. Los autores argumentan que no se pueden sumar pérdidas sin restar ganancias, desviando así la atención de los verdaderos problemas de financiación del modelo social francés.
Esta tribuna se inscribe en las discusiones sobre el presupuesto de 2026, destacando posibles manipulaciones de la 'fontanería' presupuestaria.