El Parlamento decidió el martes que los extranjeros que cometan delitos puedan ser deportados con mayor facilidad. Las normas más estrictas entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre.
La norma principal será que los delitos que conlleven penas superiores a las multas podrán dar lugar a la deportación. Se exigirá a los fiscales que soliciten la deportación en tales casos y las prohibiciones de reingreso serán más largas.
Los tribunales no deberán abstenerse de ordenar la deportación debido a obstáculos en la ejecución en ese momento. Los vínculos con Suecia aún pueden ser motivo para evitar la deportación, pero los requisitos para ello se endurecerán.
Una investigación estima que el número de deportaciones por delitos aumentará de unas 500 a 3 000 al año. El Partido de la Izquierda y el Partido Verde se opusieron a la mayor parte de la propuesta.