El Parlamento sueco aprobó el lunes una legislación que permite a las autoridades revocar los permisos de residencia a los inmigrantes considerados de mala conducta, como parte de un esfuerzo más amplio para abordar la delincuencia y las preocupaciones sobre la inmigración.
La nueva ley permite a la Agencia de Migraciones revisar los permisos de los residentes actuales y pendientes que tengan vínculos con grupos extremistas, deudas impagas o empleo no declarado. Las decisiones pueden apelarse en el tribunal de migración. El ministro de Migraciones, Johan Forssell, declaró que cualquiera que no se esfuerce por hacer lo correcto no debería contar con quedarse. Grupos de derechos humanos, incluida la organización Civil Rights Defenders con sede en Estocolmo, han criticado la medida por considerarla arbitraria al permitir la revocación basada en comportamientos no delictivos. El Parlamento también aprobó una ley de denuncia relacionada que exige a ciertos funcionarios públicos notificar a la policía sobre los encuentros con inmigrantes ilegales.
