La tributación de los bienes profesionales ha suscitado intensos debates desde la introducción del impuesto sobre el patrimonio en 1982. Estos bienes, centrales en las fortunas de los más ricos, dividen a políticos y economistas entre la justicia fiscal y el apoyo al emprendimiento. Una mirada a la historia de este concepto clave.
La cuestión de la tributación de los bienes profesionales se remonta a la creación del impuesto sobre grandes fortunas (IGF), precursor del ISF, en 1982 bajo la presidencia de François Mitterrand, elegido un año antes. Estos bienes, que hoy forman la mayor parte de las fortunas de los más ricos, se definen en el artículo 885 del Código General de Impuestos como “bienes necesarios para el ejercicio principal, por su propietario o su cónyuge, de una profesión industrial, comercial, artesanal, agrícola o liberal”.
Esto incluye elementos tangibles como el horno de un panadero, el tractor de un agricultor o locales de pequeños negocios, pero sobre todo acciones de empresas. El economista Laurent Bach, codirector de la división Empresas del Instituto de Políticas Públicas (IPP), señala que “la cuestión de lo que ahora se llama bienes profesionales y lo que se considera como tal surgió muy rápidamente” durante el establecimiento del IGF.
En su versión socialista inicial, el texto no eximía totalmente estos bienes del impuesto. Sin embargo, las presiones de grandes intereses económicos, particularmente del grupo L’Oréal propiedad de Liliane Bettencourt, invocaron el riesgo de un exilio fiscal masivo. Esto llevó a un aplazamiento de la tributación en 1982, seguido de una exención total en 1984.
Traída de nuevo al primer plano por la propuesta del economista Gabriel Zucman, esta tributación sigue dividiendo: la izquierda la ve como una herramienta para la justicia fiscal y la progresividad impositiva, mientras que la derecha y los líderes empresariales defienden la exención para fomentar el emprendimiento y prevenir la fuga de capitales.