Fiscalía pide archivar la causa principal contra Begoña Gómez
La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó el archivo de la investigación principal contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros, al no encontrar indicios penales. La defensa de Gómez también pidió el sobreseimiento, argumentando que solo el tráfico de influencias podría ir a jurado popular. La vista se celebró el 6 de octubre de 2025 ante el juez Juan Carlos Peinado en Madrid.
El 6 de octubre de 2025, en una vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, la Fiscalía presentó un escrito de 17 páginas solicitando el archivo de la causa principal contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El ministerio público argumentó que no hay "elemento objetivo ninguno" que indique que Gómez ejerciera influencia sobre terceros, y que "la mera relación conyugal" con el presidente no presume un delito. "Más allá de consideraciones éticas o estéticas, la mera relación conyugal de Gómez no puede operar como una suerte de presunción [...] que se traduzca en prevalimiento e influencia con relevancia penal", se lee en el documento fiscal.
La defensa de Gómez, representada por el exministro Antonio Camacho —quien acudió en su lugar, ya que ella se ausentó como en citaciones previas—, también pidió el archivo. Camacho afirmó que no existen indicios y criticó las "fórmulas estereotipadas y vacías" del juez para justificar el tribunal del jurado. Insistió en que solo el tráfico de influencias podría seguir esa vía, excluyendo la apropiación indebida del software de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), por falta de conexión y de "ánimo de lucro".
La causa, iniciada el 8 de abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa —algunos falsos—, investiga cuatro delitos en esta pieza: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Se relaciona con cartas de recomendación firmadas por Gómez para empresas de Barrabés, que obtuvieron licitaciones de Red.es por millones de euros, y con el software de la cátedra. Un informe de la IGAE señaló irregularidades administrativas, pero no penales.
Las acusaciones populares, como Hazte Oír, pidieron continuar y reinterrogar a Pedro Sánchez sobre la UCM. La Abogacía del Estado y defensas de Álvarez y Barrabés —también ausentes— apoyaron el archivo. Peinado extendió recientemente el procedimiento a jurado popular, pero la Fiscalía ve forzados los tipos penales. La UCM fue ofrecida personarse como perjudicada por el software, aunque su investigación no halló registro por Gómez y el objetivo de la cátedra no era desarrollarlo.