El alcalde de Béziers, Robert Ménard, inauguró un belén navideño en el patio del ayuntamiento el sábado 29 de noviembre, lo que provocó una protesta de la Liga de los Derechos Humanos. Los manifestantes argumentan que viola el laicismo y la ley de 1905 que separa Iglesia y Estado. Ménard presenta la instalación como una tradición unificadora sin proselitismo.
El sábado por la mañana, Robert Ménard, alcalde de Béziers de derechas independiente, inauguró un belén navideño en el patio del ayuntamiento. Esta instalación, la undécima de su tipo en la ciudad, suscitó rápidamente reacciones adversas. A la llamada de la sección local de la Liga de los Derechos Humanos (LDH), los residentes se reunieron en la calle cercana para protestar, citando el principio de laicidad consagrado en la ley del 9 de diciembre de 1905.
Los manifestantes, liderados por Jean-Paul Palmade, presidente de la LDH de Béziers, argumentan que colocar un belén en un edificio público como un ayuntamiento viola la neutralidad requerida de las instituciones republicanas. «No queremos belenes instalados en edificios públicos, sean ayuntamientos u otros símbolos de la República. Deben colocarse en recintos religiosos», declaró Palmade a BFMTV.
Ménard defiende la tradición por su arraigo local. «Cada año ponemos un libro de visitas. ¡Contiene entre 20.000 y 25.000 firmas! A la gente le encanta», dijo a Le Parisien. Añade: «El belén es un momento que une a todo el mundo. Aquí no estamos haciendo proselitismo; simplemente recordamos un mensaje de amor».
Tales instalaciones han generado controversia en Béziers con anterioridad. En 2017, el tribunal administrativo de Montpellier ordenó retirar el belén del patio de honor, considerando que destacaba la escena navideña, violando así el artículo 28 de la ley de 1905 y el principio de neutralidad. Una sentencia similar se aplicó a Perpignan. Más recientemente, en febrero, el ayuntamiento de Beaucaire, en Gard, fue multado con más de 120.000 euros por negarse a retirar uno, una victoria celebrada por la LDH local, con el miembro Francis Labbe esperando que «pueda una vez por todas impedir que los ayuntamientos hagan trampa con la ley de 1905».