Diversos sectores en Baja California han reprobado los vínculos del gobierno estatal con empresarios acusados por Estados Unidos de blanquear dinero. La gobernadora Marina del Pilar Ávila enfrenta críticas por las relaciones de su administración con proveedores como José Galicot y Jorge Arturo Rojas Navarro. Estas empresas fueron sancionadas por su presunta conexión con el crimen organizado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a las empresas Galicot y Rojas, proveedores del estado de Baja California, por blanquear millones de dólares. Ciudadanos y sectores diversos han reprobado estos vínculos del gobierno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila con dichas empresas.
José Galicot Behar, empresario tijuanense y promotor de la innovación y cultura fronteriza, es socio de Jorge Arturo Rojas Navarro, quien figura en la lista de sancionados del gobierno de Donald Trump. Galicot, proveedor del estado y protegido político de Carlos Torres —aún esposo de la gobernadora—, negó cualquier vínculo con la empresa acusada de lavado de dinero.
La empresa en cuestión, Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., está conformada por Rojas Navarro, con Galicot como administrador único. Según informes de autoridades estadounidenses, esta compañía fue utilizada para blanquear fondos a favor de 'La Mayiza', facción dirigida por los hijos de Ismael 'El Mayo' Zambada.
El 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó su lista de sancionados, incorporando 15 empresas y cinco personas. Entre los señalados destaca Candelario 'El Cande' Arcega Aguirre, con nexos políticos en Rosarito y Tijuana. Estos hechos han generado cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones gubernamentales en Baja California.