Activistas de comunidades afectadas por la minería en Sudáfrica compartieron impactantes relatos de intimidación y violencia en la Audiencia Popular de Defensores de Derechos Humanos en Johannesburgo. Grupos de la sociedad civil instan al Parlamento a promulgar una ley que proteja a quienes defienden la justicia y el medio ambiente. El evento resaltó amenazas continuas en medio de la oposición a proyectos de minería de carbón y titanio.
El 22 de octubre de 2025, la Audiencia Popular de Defensores de Derechos Humanos tuvo lugar en la Women's Jail de Constitution Hill, Johannesburgo. Organizada por la campaña Life After Coal –una coalición de Earthlife Africa, groundWork y el Centre for Environmental Rights–, el evento amplificó las voces de denunciantes, líderes comunitarios y activistas de KwaZulu-Natal y Eastern Cape.
Israel Nkosi, miembro de la Mfolozi Community Environmental Justice Organisation (MCEJO), relató sus experiencias oponiéndose a la expansión de la mina de carbón Tendele. «Cuando estaba escondido, quise probar a las personas que nos atacaban. Fui a mi casa y estacioné afuera solo para ver qué harían. Vinieron y dispararon dentro y alrededor de la casa porque pensaron que yo estaba adentro. Así de locos son», dijo Nkosi. Notó que su colega Fikile Ntshangase fue asesinada el 22 de octubre de 2022 por activismo similar, con sus asesinos aún en libertad.
Billy Mnqondo, de la MCEJO, describió cómo un anuncio minero en 2013 prometió inicialmente empleos pero llevó a la desposesión de tierras, contaminación y violencia. Informó que la casa de un miembro de la comunidad fue demolida sin intervención policial y que la casa de otro activista fue baleada, dejando 17 orificios de bala. La víctima firmó posteriormente un memorando de entendimiento por R10.000. Nkosi añadió que la mina fomenta divisiones comunitarias culpando a la MCEJO por la pérdida de empleos.
En Xolobeni, Eastern Cape, el Comité de Crisis de Amadiba se opone a la minería de titanio. El miembro Baliwe Dlamini compartió haber sido golpeado por la policía en 2020 durante una protesta, lo que resultó en daños oculares permanentes y trauma emocional.
Bobby Peak, de groundWork, destacó peticiones fallidas a organismos gubernamentales y planes para presentar un informe al Parlamento. Sifiso Dlala, activista de groundWork, llamó a una nueva legislación que reconozca a los defensores de derechos humanos, imponga deberes de protección a las autoridades y asegure la rendición de cuentas. «No pedimos caridad. Pedimos reconocimiento, protección y un país que proteja a quienes lo protegen», dijo Dlala.
Nathi Kunene, de Tendele Mining, negó involucramiento en intimidaciones, afirmando operaciones legales, amplia participación pública con más de 30 reuniones y empleo esperado para 1.200 personas beneficiando a 20.000 miembros de la comunidad. Hizo referencia a una respuesta previa desestimando las alegaciones de la MCEJO.