La Comisión Europea ha anunciado que España, junto con Italia, Chipre y Grecia, podrá acceder a un fondo de solidaridad para reubicar solicitantes de asilo o recibir compensaciones económicas a partir de mediados de 2026. Esta medida forma parte del Pacto de Migración y Asilo de la UE, diseñado para aliviar la presión migratoria en países con llegadas desproporcionadas. El mecanismo busca redistribuir al menos 30.000 demandantes de asilo al año.
El anuncio se produjo este martes 11 de noviembre de 2025, cuando la Comisión Europea detalló las disposiciones del fondo común de solidaridad del Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor a mediados de 2026. España figura entre los cuatro Estados con la mayor presión migratoria, caracterizada por un “número desproporcionado” de llegadas irregulares, según el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner. Los otros países beneficiarios son Italia, Chipre y Grecia.
Este mecanismo obligatorio permitirá a España solicitar la reubicación de parte de los solicitantes de asilo en otros Estados miembros o, alternativamente, compensaciones económicas si un país rechaza su cuota. Otras opciones incluyen medidas de solidaridad alternativas, como ayuda financiera, material o personal. Aunque se prevé redistribuir al menos 30.000 demandantes al año, la Comisión no ha fijado cifras exactas de compensación —hasta 22.000 euros por refugiado se mencionaron en 2023—, dejando esa tarea al Consejo de la UE. El fondo se estimaba en al menos 600 millones de euros hace dos años, y se convocará un “foro de solidaridad de alto nivel” para definir contribuciones.
El anuncio se retrasó desde mediados de octubre debido a reservas de varios países, como Polonia, que rechaza recibir migrantes o pagar sus costes. Bruselas ha introducido flexibilidades, como exenciones, para mitigar oposiciones. El primer informe anual de migración y asilo indica una “mejora continuada”, con entradas irregulares reducidas un 35% entre julio de 2024 y junio de 2025, gracias a mayor cooperación con países aliados. Sin embargo, persisten desafíos como movimientos secundarios, la acogida de refugiados ucranianos y la instrumentalización por Rusia y Bielorrusia.
La Comisión clasifica a los Estados por nivel de presión: alta para los cuatro beneficiarios iniciales; riesgo para 12 países, incluyendo Bélgica, Francia, Alemania, Polonia y Finlandia, con acceso prioritario a apoyo; y situación significativa para otros como Bulgaria, República Checa y Austria, que podrán solicitar deducciones en contribuciones.
Brunner calificó la propuesta de equilibrada para “restaurar la confianza” y “el control” de las fronteras. “Estamos pasando página, mostrando control y unidad, y apoyando a los Estados miembros que se enfrentan a las presiones más desproporcionadas”, declaró. “Mantener este equilibrio entre solidaridad y responsabilidad es clave para nuestro éxito. Debemos seguir avanzando en los controles y procedimientos en las fronteras, un proceso de asilo más rápido y retornos efectivos”, agregó. Pendientes quedan reformas en retornos y listas de países seguros.