Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) han pedido a la Contraloría General de la República una auditoría sobre el teletrabajo de miles de funcionarios públicos. La solicitud surge tras revelarse que más de 3.600 empleados continúan laborando de forma remota, superando en algunos casos los límites legales. Los parlamentarios expresan preocupación por la productividad y el cumplimiento de las normativas.
El 4 de diciembre de 2025, un grupo de diputados opositores presentó un oficio a la Contraloría General de la República para investigar el régimen de teletrabajo en el sector público. Los involucrados incluyen a Felipe Donoso y Jorge Alessandri de la UDI, junto con Frank Sauerbaum, Carla Morales y Miguel Mellado de RN. Esta acción se produce después de una publicación de La Tercera que expuso irregularidades en la implementación del teletrabajo.
De acuerdo con los datos de Transparencia Activa, 2.590 funcionarios de 40 subsecretarías —sin contar servicios— y la Presidencia de la República figuran en teletrabajo solo en la Región Metropolitana. Al incluir las regiones, la cifra asciende a 3.622 empleados autorizados. Además, seis entidades centrales superan el 20% de su dotación en esta modalidad, todas con aprobación de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Los diputados reconocen que la legislación actual permite el teletrabajo bajo ciertas condiciones, pero cuestionan su impacto en la eficiencia. “Resulta indispensable poder verificar si estas autorizaciones que se han entregado siguen estando debidamente fundadas y si se cumplen los criterios establecidos en la ley”, afirmaron en su solicitud. La oposición busca asegurar que las jefaturas mantengan un adecuado control y que se respete la ley que regula el funcionamiento del sector público.
Esta petición resalta tensiones en la administración gubernamental, donde el teletrabajo persiste pese a las normativas post-pandemia que limitan su uso excesivo.