Funcionarios de la administración recibieron a representantes de las fuerzas del orden en la Casa Blanca el 10 de junio para abordar las preocupaciones sobre la Sección 604 de la Ley CLARITY. Esta disposición protegería a muchos desarrolladores de software de las normas sobre transmisores de dinero, al tiempo que mantendría a los exchanges y billeteras alojadas bajo los requisitos de cumplimiento. Las discusiones se centraron en si unas protecciones tan amplias podrían obstaculizar el procesamiento de delitos relacionados con las criptomonedas.
La reunión duró casi 90 minutos y contó con cerca de 20 asistentes. Se centró en el lenguaje extraído de la Ley de Certeza Regulatoria de Blockchain (Blockchain Regulatory Certainty Act), que define a un desarrollador o proveedor sin control como aquel que carece de la capacidad unilateral para controlar las transacciones de los usuarios.
Grupos de las fuerzas del orden, incluida la Fraternal Order of Police, advirtieron que el lenguaje de refugio seguro podría limitar las herramientas utilizadas para rastrear fondos ilícitos y procesar a los infractores. La senadora Catherine Cortez Masto ha declarado que el borrador actual socava los esfuerzos para recuperar el dinero de las víctimas.
Los representantes de la industria argumentan que el proyecto de ley sigue siendo favorable a la aplicación de la ley y mejoraría la supervisión a través de mejores herramientas de sanciones y la coordinación con el Tesoro. Señalan que la responsabilidad penal por facilitar a sabiendas actividades ilícitas seguiría aplicándose bajo los estatutos existentes.
El proyecto de ley requiere 60 votos en el Senado para avanzar, y varios demócratas han condicionado su apoyo a que las fuerzas del orden estén satisfechas con el texto final. Las negociaciones continúan antes del receso de agosto.
