Abuso sexual

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Courtroom illustration showing judge dismissing sexual abuse charges against four ex-Vélez players, with the accuser vowing to appeal.
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Sobreseyeron a cuatro exjugadores de Vélez por abuso sexual

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Un juez de Tucumán sobreseyó a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, exjugadores de Vélez Sarsfield acusados de abusar sexualmente de una periodista en un hotel en marzo de 2024. La decisión se basó en que los hechos no constituyen delito, según pericias y evidencias revisadas. La víctima anunció que apelará el fallo, criticando la justicia local por no proteger a las denunciantes.

Mientras el Gobierno y la Iglesia negocian indemnizaciones para casi 3.000 víctimas, asociaciones como Betania facilitan procesos de restauración más allá del dinero. Antonio Sánchez, Silvia Martínez y Fernando Carrascal comparten sus historias de abusos en la infancia y encuentros recientes con representantes eclesiales. Estos relatos destacan el impacto duradero en sus vidas.

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El Gobierno español, la Conferencia Episcopal y la Confer firman este lunes un protocolo para reparar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuando no hay vía judicial posible. El acuerdo, supervisado por el Defensor del Pueblo, será rubricado a las 11:00 horas en su sede por Félix Bolaños, Luis Argüello, Jesús Díaz Sariego y Ángel Gabilondo. Este mecanismo complementa el plan Priva de la Iglesia, asumiendo ella los costes.

La pareja de Miguel Trauco, uno de los jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual, ha tomado una decisión drástica. Una joven argentina de 22 años presentó la denuncia contra Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña. Peña rompió el silencio publicando un comunicado en redes sociales.

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Durante una visita a una escuela en Tizayuca, Hidalgo, Juan Leonardo Pérez se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para reportar el abuso sexual sufrido por su hijo de ocho años a manos del director de la institución. El incidente ocurrió en diciembre de 2024 y ha generado acusaciones de corrupción contra autoridades locales. Pérez afirma recibir amenazas de muerte y un encubrimiento de pruebas.

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