La Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar un informe reservado a la PDI sobre los traslados de funcionarios vinculados a una investigación del Clan Chen.
La resolución emitida el 2 de julio de 2026 establece que la solicitud de Steinert no se ajustaba a sus funciones legales y violaba el deber de abstención debido a su cargo previo como fiscal en Iquique.
El gobierno, a través del biministro Claudio Alvarado y el actual ministro Martín Arrau, respetó la decisión, pero reconoció la contribución de Steinert durante su gestión. Arrau enfatizó que alinearán el rol del ministerio con la coordinación estratégica.
Legisladores de la oposición, incluidos Tatiana Urrutia (Frente Amplio), Patricio Pinilla (DC) y Raúl Leiva (PS), evalúan solicitar una comisión investigadora especial y no descartan una acusación constitucional. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, hizo un llamado a enfocarse en los problemas reales de la gente.
