Un experto en criminología apela a los fiscales para que utilicen la Circular Departamental N.º 20 para investigar activamente y condenar a los funcionarios corruptos en proyectos de control de inundaciones. Esto forma parte de esfuerzos más amplios contra la corrupción en infraestructuras que ha causado un daño significativo a la vida de los filipinos. Esta acción es crucial para romper el ciclo de impunidad.
La Oficina del Ombudsman está trabajando para investigar y acusar a políticos corruptos de alto nivel, funcionarios gubernamentales y contratistas comerciales. Varios oficiales de nivel medio del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH) han sido arrestados, y la notoria contratista Sarah Discaya se ha entregado a la policía. La Comisión Independiente de Infraestructuras (ICI) nombró a senadores y congresistas, entregó pruebas al Ombudsman, pero algunos miembros dimitieron por falta de poderes y recursos.
La corrupción en el control de inundaciones ha causado muertes durante la temporada de lluvias, pueblos inundados y niños arrastrados por corrientes que podrían haberse evitado con diques fluviales adecuados. Estas investigaciones involucran a senadores y congresistas de todo el espectro político, amenazando los cimientos de la administración Marcos.
Para combatir esto, el Departamento de Justicia (DOJ) debe utilizar la Circular Departamental N.º 20, elaborada por el exsecretario Jesus Crispin “Boying” Remulla. Establece directrices para investigaciones de casos penales, exigiendo que los fiscales participen activamente en la recopilación de pruebas junto con la PNP y el NBI. Debe existir un caso prima facie con certeza razonable de condena antes de presentarlo en los tribunales.
Esto empodera a los fiscales regionales para investigar proyectos subestándar y fantasma en todo el archipiélago. Los casos de funcionarios con grado salarial 26 van al Ombudsman, mientras que otros caen bajo autoridad prosecutorial. Se apela a más de 2.000 fiscales para que actúen con integridad, utilizando la DC 20 para condenar a los corruptos —incluso si son padrinos— y lograr verdadera justicia contra la corrupción en infraestructuras de carreteras, riego, escuelas y hospitales.
