El lunes 27 de octubre de 2025, las defensas de Jair Bolsonaro y otros acusados condenados por el intento de golpe de Estado presentaron embargos de declaración ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF). Las apelaciones cuestionan omisiones, contradicciones y cálculos de penas de las decisiones del Primer Panel. Estas acciones buscan corregir errores alegados y, en algunos casos, indican esfuerzos para elevar el caso al pleno del Tribunal.
Las defensas de figuras clave en la trama golpista, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, apelaron el lunes 27 de octubre de 2025 ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) contra las condenas dictadas por el Primer Panel. Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por delitos como golpe de Estado, organización criminal armada e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, presentó embargos de declaración de 85 páginas. La apelación destaca omisiones en el juicio, como 70 terabytes de datos proporcionados sin indexación adecuada, y cuestiona la credibilidad del acuerdo de delación premiada de Mauro Cid, citando un informe de VEJA sobre el acceso a redes sociales del delator.
La defensa de Bolsonaro cita seis veces el voto disidente del ministro Luiz Fux para argumentar una reducción de la pena y el reconocimiento de desistimiento voluntario. Fux declaró: “Si el acusado Jair Bolsonaro hubiera deseado proceder por el camino criminal hacia un autogolpe, no habría necesitado convencer a los comandantes de las Fuerzas Armadas de apoyarlo”. El voto fue de 4-1, con Fux en solitario, lo que hace improbables los embargos infringentes, ya que requieren al menos dos disidencias para llegar al pleno.
Otros acusados también apelaron. El general Walter Braga Netto, condenado a 26 años, cuestionó la imparcialidad del relator Alexandre de Moraes y alegó coacción en las declaraciones de Cid. Anderson Torres, exministro de Justicia con una sentencia de 24 años, comparó su pena con casos de homicidio como el de Elize Matsunaga (16 años y tres meses) y Bruno Fernandes (20 años y nueve meses), buscando la absolución por no haber causado daños físicos. Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y un mes, impugnó la pérdida de su cargo en la Policía Federal, argumentando que los hechos ocurrieron como director de la Abin. Almir Garnier, excomandante de la Armada con 24 años, señaló fallos en la dosificación de la pena.
Estos embargos, con un plazo de cinco días, buscan aclaraciones y podrían suspender plazos para apelaciones más amplias como los infringentes, pero rara vez cambian el fondo del asunto. El caso, resuelto el 11 de septiembre de 2025, marca la primera condena a un expresidente brasileño por delitos contra la democracia.
