Quince concejales de Cali solicitaron reiniciar el proceso de elección del contralor municipal, argumentando vicios señalados por la Procuraduría. El presidente del Concejo rechazó la proposición por considerarla improcedente. Ese mismo día, la Procuraduría advirtió sobre posibles responsabilidades disciplinarias si se continúa el proceso.
El proceso para elegir al nuevo contralor de Cali, que había avanzado hasta la conformación de una terna y se encontraba pausado, enfrenta un nuevo obstáculo. El 19 de noviembre, en la plenaria del Concejo Municipal, 15 concejales presentaron una proposición para reiniciar el concurso, alegando que está viciado por observaciones de la Procuraduría General de la Nación. Entre las irregularidades destacadas, la delegación de funciones a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que no le correspondían.
El presidente del Concejo, Edison Lucumí, declaró la proposición improcedente y no la sometió a votación. "Esta propuesta sería un mecanismo irregular, toda vez que el concurso en mención tiene soporte constitucional y legal, por tanto, no procedería para dicha revocatoria, cuando debe hacerlo una autoridad competente, hecho que no ha ocurrido a la fecha", afirmó Lucumí. Agregó que el Concejo ya respondió a las exigencias de la Procuraduría y que, de 11 tutelas presentadas, nueve han favorecido a la corporación.
El concejal Roberto Ortiz denunció interferencias políticas desde la Alcaldía, insinuando que el alcalde Alejandro Eder busca un "contralor de bolsillo". En contraste, los concejales Ana Erazo, María del Carmen Londoño y Rodrigo Salazar apoyaron continuar el proceso mientras la Procuraduría evalúa las respuestas del Concejo.
Los firmantes de la proposición son: Carlos Andrés Arias, Tania Fernández, Audry Toro, Henry Peláez, Juan Felipe Murgueitio, Andrés Escobar, Fabio Arroyave, Carlos Pinilla, James Agudelo, Carlos Ariel Patiño, Daniella Plaza, Luis Fernando Salazar, Edison Giraldo, Marlon Cubillos y Alexandra Hernández. Con 15 firmas en una corporación de 21 miembros, la solicitud representa una mayoría significativa.
Ese mismo 19 de noviembre, la Procuraduría envió un oficio a la mesa directiva del Concejo. Aunque no ordena suspender ni reiniciar, advierte: "La Procuraduría General de la Nación advierte que la persistencia en el desconocimiento de los presuntos vicios de legalidad y la continuidad del proceso de elección bajo estas condiciones podría comprometer la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Mesa Directiva y del Concejo Distrital, por la posible violación de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política". Además, reitera que el incumplimiento podría constituir faltas disciplinarias según la Ley 1952 de 2019.
Esta situación convierte la elección en un terreno minado de riesgos jurídicos, políticos y disciplinarios.