Se ha establecido una comisión dirigida por la Iglesia para documentar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la guerra contra las drogas de la administración Duterte. Este organismo independiente tiene como objetivo identificar a las víctimas y apoyar a las familias que buscan cerrar este capítulo.
La Comisión de la Verdad sobre las Ejecuciones Extrajudiciales (EJK, por sus siglas en inglés) fue lanzada la semana pasada por grupos de la sociedad civil. El cardenal Pablo Virgilio David funge como asesor, mientras que el exjuez de la CPI, Raul Pangalangan, preside el organismo. Entre los demás miembros se encuentran la patóloga forense Dra. Raquel Fortun, el periodista de derechos humanos Carlos Conde, el Dr. Al Fuertes y el padre Daniel Franklin Pilario.
La comisión se centrará en registrar los testimonios de las víctimas y determinar la cifra exacta de fallecidos. Las estimaciones varían, ya que los grupos de derechos humanos citan 30,000, la ONU reporta 18,000 y el gobierno sostiene que fueron entre 6,000 y 7,000. Pangalangan señaló que el esfuerzo busca establecer la verdad junto con las víctimas en lugar de hacerlo únicamente a través de procedimientos legales.
El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, PGen. Jose Melencio Nartatez, ha prometido cooperar dentro de los protocolos legales. El expresidente Rodrigo Duterte permanece detenido en La Haya a la espera de un juicio ante la CPI por cargos de crímenes de lesa humanidad.
