El viernes 13 de febrero, un operativo de reordenamiento de vendedores ambulantes en la avenida Ribera de San Cosme, Cuauhtémoc, derivó en acusaciones cruzadas de violencia entre la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y la diputada Diana Sánchez Barrios. La alcaldesa denunció un ataque de más de 200 personas contra su equipo, mientras la legisladora acusó a personal de la alcaldía de actuar con violencia al retirar puestos previamente reubicados por acuerdo.
La confrontación ocurrió durante un operativo de reordenamiento de la vía pública en la avenida Ribera de San Cosme, donde, según la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, el número de puestos ambulantes aumentó de cinco a 22 con permisos del Gobierno de la Ciudad de México que no han sido exhibidos. Rojo de la Vega relató en un video en vivo que esperaron una hora para dialogar con representantes del gobierno capitalino, pero fueron emboscados por más de 200 personas que, afirmó, fueron enviadas por la diputada Diana Sánchez Barrios de Morena. 'Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos', declaró la alcaldesa.
Rojo de la Vega mostró en un video desde la Fiscalía de la Ciudad de México lesiones en su pómulo derecho, brazo, espalda y cadera, y señaló que varios trabajadores de la alcaldía resultaron lesionados, aunque ella fue protegida. Afirmó contar con videos de los hechos y responsabilizó a Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes en el Centro Histórico, por las agresiones. Además, cuestionó el crecimiento de vendedores ambulantes en la Ciudad de México y mencionó extorsiones a comerciantes. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, expresó solidaridad con Rojo de la Vega.
Por su parte, la diputada Diana Sánchez Barrios, en un comunicado, acusó al personal de la alcaldía de retirar violentamente puestos que habían sido reubicados hace más de un año y medio tras un acuerdo para liberar espacios en la Glorieta de Insurgentes. 'Personal de la alcaldía acudió a retirar con violencia a integrantes del comercio popular', sostuvo. Anunció asesoría legal para los afectados y defendió a los comerciantes, aunque no preside la organización Pro Diana. Sánchez Barrios denunció que el gobierno de Rojo de la Vega viola derechos para favorecer intereses inmobiliarios, buscando 'una alcaldía sin pueblo, gentrificada y encarecida'. También mencionó enojo de la alcaldesa por denuncias de licitaciones simuladas que costaron 97 millones de pesos. Hasta el momento, no se reportan detenciones.
