El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente Bruno Cipolini y su equipo económico por irregularidades en el manejo de fondos públicos invertidos en instrumentos bursátiles riesgosos. La acusación alega malversación y falta de autorización, en un contexto de presupuestos deficitarios. El municipio defiende sus acciones como legales y planea recuperar los fondos perdidos.
En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, el diputado Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente Bruno Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra María Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina. La presentación judicial acusa irregularidades en la colocación de recursos estatales en instrumentos bursátiles de alto riesgo en el Mercado Argentino de Valores (MAV), a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin respaldo presupuestario específico ni autorización del Concejo Municipal.
La denuncia sostiene posibles delitos como malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Según el escrito, el municipio adquirió cheques de pago diferido en el segmento no garantizado (NOGA), asumiendo riesgos crediticios directos de empresas privadas. Estimaciones mencionadas indican un perjuicio de alrededor de $2.500 millones para el municipio, dentro de una operatoria que generó pérdidas cercanas a $12.000 millones.
Fuentes del Ejecutivo municipal afirmaron que actuaron dentro del marco legal y están preparando una respuesta institucional. El municipio sostiene que también fue afectado y analiza acciones para recuperar los fondos, al igual que otros inversores. Las operaciones datan de al menos 2018, con supuestos controles administrativos.
El presupuesto municipal para 2025 proyecta recursos de más de 57.459 millones de pesos, con financiamiento de 14.235 millones, y un déficit de $9.222 millones. Para 2026, el financiamiento asciende a 27.170 millones, con déficit superior a $19.000 millones. La denuncia cuestiona cómo un ente con déficits estructurales dispuso excedentes para inversiones especulativas, sin partidas específicas ni resoluciones que documenten las colocaciones.
La Resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas exige un perfil de inversión conservador para preservar el patrimonio estatal. El Ejecutivo argumenta que las decisiones gestionaron excedentes temporales para compromisos como aguinaldos y salarios. Julio Barrios Cima, gerente de la Bolsa de Comercio del Chaco, explicó que los inversores conocían los riesgos del NOGA, destinado a actores calificados.
La Justicia deberá investigar, con pedidos de informes a la Bolsa, el Nuevo Banco del Chaco y el Tribunal de Cuentas, además de secuestro de documentación para reconstruir las operaciones y determinar perjuicios.
