El Ministerio Público programó para el 25 de mayo la formalización de Alberto Larraín y María Constanza Gómez, directivos de la Fundación ProCultura, por seis delitos de apropiación indebida en convenios con el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La solicitud la presentó el fiscal Cristián Aguilar el 10 de abril, bajo la dirección del fiscal regional Juan Castro Bekios. Esta arista investiga irregularidades en fondos por más de 500 millones de pesos.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó la audiencia de formalización para el 25 de mayo a las 8:30 a.m., tras la solicitud del fiscal Cristián Aguilar. En ella, se imputarán a Larraín, director ejecutivo de ProCultura, y a Gómez, su representante legal, como autores de seis delitos consumados de apropiación indebida. La investigación se centra en convenios con el Gobierno Regional de Antofagasta y la Seremi de Vivienda local, incluyendo el de “Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica Antofagasta” por $629.815.000, firmado por el gobernador Ricardo Díaz, Gómez y Pablo López.
La Contraloría detectó irregularidades como adjudicaciones directas de fondos, fallas en rendiciones y registros. Se investigan traspasos por más de $500 millones a través de al menos cuatro convenios desde la Seremi de Vivienda. Esta es la arista de mayor envergadura del caso Convenios, que inició en Antofagasta con pesquisas sobre Democracia Viva.
Se trata de la segunda formalización contra los imputados, tras un intento fallido en la arista de la Gobernación Metropolitana, donde se rechazaron prisión preventiva y el desafuero del gobernador Claudio Orrego. El abogado de Larraín, Cristián Arias, declaró a La Tercera: “El Ministerio Público nuevamente intentará sostener que la no ejecución total de los convenios sería constitutiva de delito. Esta tesis ya fue rechazada en Santiago, con resultados desastrosos para la Fiscalía”.
