La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se sentará en el banquillo ante un jurado popular por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. El tribunal anula dos acusaciones adicionales y levanta las medidas cautelares que le impedían salir del país.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, reunida en pleno con cinco magistrados, ratificó este jueves la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio por jurado. El tribunal consideró que existen indicios racionales de criminalidad suficientes para los delitos de tráfico de influencias y malversación, aunque descartó la corrupción en los negocios y recondujo la apropiación indebida hacia la malversación.
Cristina Álvarez, asistente de Gómez en La Moncloa, también irá a juicio por malversación. El empresario Juan Carlos Barrabés queda fuera del procedimiento por jurado y su caso se tramitará por separado para investigar posibles adjudicaciones irregulares.
El tribunal levantó las medidas cautelares impuestas por Peinado, como la retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal, al no apreciar riesgo de fuga. El PSOE calificó la causa de “política” y basada en “noticias falsas”.
La resolución, de más de 60 páginas, cita precedentes como el caso de Iñaki Urdangarin y subraya que la relación matrimonial con el presidente puede generar una “presión moral eficiente” en contextos como la creación de una cátedra en la Universidad Complutense.
