La fiscal Sandra Patricia Orjuela imputó cargos por prevaricato por acción a Gorky Muñoz Calderón, exalcalde de Neiva, José Eustacio Rivera Montes y Daniel Fernando Martínez Falla. Los tres habrían expandido ilegalmente el perímetro urbano incorporando 1.630 predios mediante el Decreto 1066 y la Resolución 059 de 2023. La maniobra se realizó bajo el pretexto de corregir imprecisiones cartográficas, pero alteró estructuralmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La imputación ocurrió ante el Juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías. Según la fiscal Orjuela, los implicados operaron “con la apariencia técnica de ‘dilucidar imprecisiones’” para incorporar 1.630 predios, equivalentes a 530,0676 hectáreas, de suelo rural y de expansión urbana al perímetro urbano. Esta acción modificó usos de suelo, densidades urbanísticas y zonificaciones sin estudios técnicos, concertación con la CAM ni aprobación del Concejo Municipal, violando la Ley 388 de 1997.
Los actos administrativos se expidieron a finales de diciembre de 2023, justo antes del fin del mandato de Muñoz Calderón. Utilizaron un plano inexistente, LFU-22 —el POT original (Acuerdo 026 de 2009) solo llegaba hasta FU-21—, para justificar la expansión. Un caso destacado es el Lote 38, propiedad de Acción Sociedad Fiduciaria S.A., incorporado vía Resolución 059 sin competencia legal de los directores imputados.
El actual alcalde Germán Casagua revocó el Decreto 1066 el 17 de enero de 2024 y solicitó investigaciones penales y disciplinarias. También pidió a las curadurías suspender licencias en los predios afectados. Entre diciembre de 2023 y enero de 2024, se radicaron numerosas solicitudes de construcción en esas zonas.
La fiscal calificó las acciones como producto de “capricho y arbitrariedad”, configurando prevaricato en concurso homogéneo por coautoría con dolo. Los imputados guardaron silencio y sus abogados anunciaron que no se allanarán a cargos. La audiencia quedó en suspenso.
