El juicio por presunta corrupción en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2020 en Neiva avanza con una nueva ruta judicial, liderada por la juez Olga María Erazo. El exalcalde Gorky Muñoz Calderón, actual aspirante al Senado, enfrenta cargos junto a exfuncionarios y contratistas. La audiencia preparatoria busca concluir el descubrimiento probatorio para iniciar el juicio oral en marzo.
Después de casi cinco años desde que se destapó el escándalo de corrupción en la contratación del PAE 2020, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Neiva ha establecido un cronograma para agilizar el proceso. El escrito de acusación fue radicado el 23 de agosto de 2020, pero las audiencias han avanzado con lentitud. La juez Olga María Erazo advirtió durante la reanudación de la audiencia preparatoria: “Quiero advertirlo: el descubrimiento probatorio no puede seguir extendiéndose, indefinidamente. Vamos a terminar con los descubrimientos que se hayan hecho”. Rechazó extensiones solicitadas por la defensa y fijó el 16 de marzo como fecha máxima para concluir esta fase e iniciar el juicio oral.
La Fiscalía imputa a los acusados delitos como celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Estos se refieren a la adjudicación directa de contratos por 5.250 millones de pesos a la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) para suministrar 105.000 raciones a estudiantes de colegios públicos en Neiva, y 300 millones para interventoría a la Fundación Colombia Florece. Ambas entidades están ligadas al exconcejal Haiden Otoniel Vergara Quiñones, aportante de la campaña de Muñoz.
Entre los involucrados figuran el exalcalde Gorky Muñoz Calderón, el exsecretario de Educación Giovanny Córdoba Rodríguez, asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo, así como contratistas como Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo. La Fiscalía presenta 33 testigos, 568 elementos materiales y 20 discos con interceptaciones telefónicas. La defensa añadió seis testigos nuevos.
Muñoz, destituido e inhabilitado por nueve años y seis meses por la Procuraduría en 2023, mantiene su campaña al Senado gracias a un recurso en el Consejo de Estado que suspende la sanción. El proceso penal, priorizado por su impacto en recursos públicos para 105.000 estudiantes vulnerables, enfrenta riesgos de prescripción, pero la juez insiste en no permitir más demoras.
