La Audiencia Nacional ha programado para septiembre de 2027 el juicio contra el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y otras cuatro personas por presuntos amaños en contratos para un campo de golf en el Canal de Isabel II. Este caso forma parte de la investigación del caso Lezo y se centra en beneficios obtenidos por familiares del político entre 2006 y 2012. La Fiscalía pide seis años de prisión para González, mientras que la Comunidad de Madrid eleva la solicitud a 16 años.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado el inicio del juicio oral para el 13 de septiembre de 2027, con una duración estimada hasta el 30 de septiembre de ese año. Este procedimiento surge de un auto de agosto de 2021 dictado por el juez Manuel García Castellón, que abrió la vista contra Ignacio González, quien presidió el consejo de administración del Canal de Isabel II de 2003 a 2012 como vicepresidente de la Comunidad de Madrid bajo el gobierno de Esperanza Aguirre.
Los acusados incluyen a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal entre 2003 y 2009, y los socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, SL: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González (hermano de Ignacio) y Juan José Caballero (cuñado). Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos líderes aprovecharon sus cargos para modificar irregularmente concursos y subcontratar a la empresa familiar, generando beneficios de más de 500.000 euros entre 2006 y 2012.
El primer contrato, adjudicado en 2003 a Dragados para consolidación y ajardinamiento, se modificó en 2004 sin nueva licitación. Dragados subcontrató trabajos por más de tres millones de euros a Tecnoconcret, que a su vez los pasó a Onlygolf y Fieldturf España, cobrando una comisión del 8% y obteniendo 381.029 euros. El segundo, en 2006, adjudicó la explotación del campo a una UTE que incluyó a Tecnoconcret, la cual subcontrató mantenimiento por 9.875 euros mensuales, beneficiándose con un 20% de margen y ganando 123.752 euros.
El proyecto, anunciado en 2003 por José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón como un parque, se convirtió en campo de golf en 2006, generando críticas vecinales. Construido pese a polémicas, fue declarado ilegal en 2016 y demolido en 2018, dando paso al parque Santander.
González, en prisión provisional casi siete meses, enfrenta otras dos piezas del caso Lezo: irregularidades en la adjudicación del tren de Navalcarnero (cuatro años pedidos) y la compra de Emissao en Brasil (ocho años). Actualmente, trabaja como funcionario con un salario de 54.000 euros anuales.
