La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido a Leire Díez, exmilitante y exconcejal del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en una investigación por presuntos delitos de corrupción en contratación pública. La operación, dirigida por la Audiencia Nacional y bajo secreto, se centra en fraude, malversación y tráfico de influencias. Ambos fueron arrestados este miércoles en Madrid.
La detención de Leire Díez y Vicente Fernández ocurrió antes de la media tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025, en el marco de una investigación secreta impulsada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Antonio Piña y la tutela de la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas abordan posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación relacionados con contratación pública.
Díez, de 52 años y nacida en Bilbao, fue trasladada a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, Madrid. Anteriormente, trabajó como responsable de comunicación en Enusa, una empresa participada en un 60% por la SEPI, entre 2018 y 2021, período en el que Fernández presidía la sociedad estatal. Su trayectoria incluye ser teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) desde 2011, consejera en Cistec de 2021 a 2023, y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos de 2022 a 2024. Además, está imputada en otra causa por cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado Número 9 de Madrid, donde se le atribuye el liderazgo de un plan para desacreditar a la cúpula de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Grabaciones la identifican como la "mano derecha" del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pese a que ella negaba vínculos con el partido y se presentaba como reportera independiente.
Fernández, también de 52 años y originario de Málaga, dirigió la SEPI desde 2018 hasta 2019, tras la investidura de Pedro Sánchez. Posteriormente, asesoró a Servinabar, vinculada al caso Cerdán, entre 2021 y 2023, recibiendo entre 100.000 y 200.000 euros por buscar socios y obras privadas en la Costa del Sol. Fuentes cercanas indican que prestó un piso en el barrio de Salamanca a Díez para reuniones. Antes, fue interventor general en la Junta de Andalucía y estuvo absuelto en el caso de la mina de Aznalcóllar. En julio de 2025, se acogió a su derecho a no declarar en la comisión del Senado sobre el caso Cerdán.
Reacciones políticas han sido inmediatas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuiteó que se trata de una “fontanera” de Sánchez y un colaborador de María Jesús Montero, exigiendo un cambio. La portavoz del PP, Ester Muñoz, advirtió que “con este ritmo de escándalos, en 2027 del PSOE no van a quedar ni las raspas”. Por su parte, Enrique de Santiago de Izquierda Unida lo enmarcó como un asunto particular, diferenciándolo de financiación partidista.
