Una conversación grabada entre María Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo revela su conocimiento de pagos policiales a Victoria Álvarez y la infiltración en los Mossos d'Esquadra, días antes del referéndum del 1-O en 2017. El juez Manuel García Castellón ignoró estos audios durante dos años, según un informe policial. La Operación Cataluña, parte de la guerra sucia contra el independentismo, sigue sin investigarse a fondo.
El 12 de septiembre de 2017, a pocas semanas del referéndum independentista del 1-O, María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP y ministra de Defensa, se reunió con el comisario José Manuel Villarejo en la sede del partido en Génova, Madrid. La grabación, de una hora y dos minutos, captura cómo Villarejo acude a Cospedal buscando ayuda ante presiones de la Fiscalía Anticorrupción y el Sepblac. Ella promete intervenir: “Yo voy a hablar con Guindos y voy a hablar con la Fiscalía”.
La charla deriva hacia las maniobras contra el procés catalán. Villarejo menciona a “la Vicky”, refiriéndose a Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quien sigue cobrando de fondos reservados de la Policía. “Como detecten que la Vicky está cobrando de la Policía tenemos un lío, ¿no te parece?”, pregunta Villarejo. Cospedal responde: “Pues sí”. Álvarez y Javier de la Rosa, condenados en el caso Pujol, recibieron estos pagos desde 2013, cuando Villarejo intervino en la confesión que impulsó la investigación por corrupción contra la familia Pujol.
Cospedal también alude a confidentes en los Mossos d'Esquadra pagados con fondos reservados y presume de haber cesado a los directores adjuntos operativos (DAO) de Policía y Guardia Civil de la era Fernández Díaz. “Lo que me ha costado a mí que se cambie a los DAO…”, dice, aclarando que es un secreto su influencia en el Ministerio del Interior bajo Juan Ignacio Zoido.
Estos audios, parte de la pieza 32 del caso Villarejo en la Audiencia Nacional, fueron ignorados por el juez García Castellón pese a un informe policial de 2023 que los vincula al caso Kitchen. La Operación Cataluña, revelada en 2014, implica espionaje y montajes contra independentistas como Artur Mas y Xavier Trías, pero no ha avanzado en investigaciones judiciales. Solo Eugenio Pino ha sido condenado por intentos de introducir pruebas ilícitas en el caso Pujol. La pieza 32 ha servido como archivo para indicios no perseguidos, dejando impunes posibles delitos relacionados con la 'brigada política' del PP.
